Justicia imputa a ejecutivos de Telespazio Argentina por presuntos sobornos en Panamá
El fiscal federal de Argentina, Franco Picardi, imputó esta semana a Edgardo Nicolás De Gracia y Darío César Ventimiglia, de la firma Telespazio Argentina, en una causa en la que se investiga el presunto pago de coimas en 2010 a funcionarios políticos de Panamá para la instalación, mantenimiento y financiamiento del sistema de cartografía digital en ese país.
Durante agosto de 2010, el gobierno panameño firmó tres contratos con tres empresas que forman parte del grupo económico italiano Finmeccanica SPA. Uno de ellos fue suscripto con Telespazio Argentina por € 15,7 millones, según el sitio oficial Fiscales, donde se publican noticias del Ministerio Público Fiscal. En ese momento, el Consejo de Gabinete del Presidente de entonces, Ricardo Martinelli, autorizó al entonces titular de Obras Públicas, Federico Suárez, a firmar el contrato con la empresa argentina.
Según Picardi, los ejecutivos de Telespazio habrían entregado a funcionarios dinero disfrazado de “comisiones”, por sumas equivalentes a un 10% del monto de la contratación. La prensa panameña viene denunciando esos contratos desde hace años. En octubre de 2015, la Corte Suprema de Panamá suspendió el acuerdo entre el gobierno local y la filial argentina de Finmeccanica.
Tanto en Italia como en Panamá se iniciaron expedientes judiciales para investigar los hechos. En Argentina recién comienzan. Según el fiscal, “este resonante caso de cohecho que involucra individuos y personas jurídicas con asiento en diversas jurisdicciones, la presunta participación de la empresa Telespazio Argentina SA y sus responsables, no habría tenido tratamiento judicial alguno”.
Ahora, en el escrito presentado ante Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Picardi solicitó la producción de una serie de medidas de prueba, entre las que se incluyen pedidos de información a Panamá, Italia y al Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, la Oficina Anticorrupción (OA), entre otros organismos, además de la citación a brindar declaraciones testimoniales y el relevo de registros telefónicos, entre otras diligencias.
Además de las supuestas coimas, el fiscal no descarta la existencia de sobreprecios en el contrato, en comparación a los montos abonados por otros países como Costa Rica por US$ 4,7 millones o Paraguay, por US$ 3 millones.
