Acceso a Internet: un derecho social en Brasil
(Brasil) La inclusión digital se podría insertar en la lista de los derechos sociales establecidos en la Constitución. El precario acceso a Internet en que se encuentran los pobladores de bajos recursos en Brasil motivaron a miembros del senado para que hagan frente a esta realidad a través de una propuesta de enmienda a la Constitución pendiente ante la Comisión de Constitución, Ciudadanía y Justicia.
A pesar de los avances en las redes de telecomunicaciones, Brasil ocupó en 2008 la posición 69 º entre 193 países con acceso a Internet según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Muy por detrás de países como Australia, Holanda, Suecia e Islandia, donde se conectan del 70% al 90% de la población a la red mundial de computadoras.
Mientras que Brasil -con sólo el 17,2% de su población que se inserta en el mundo virtual– también pierde posición en relación a la vecina Argentina (17,8%), Uruguay (20,6%) y Chile (28,9%).
Esta situación también fue respaldada por el estudio "Lápiz, Goma y Teclado", llevada a cabo por el investigador Julio Jacobo Waiselfisz. La encuesta encontró que entre el 10% más pobre, sólo el 0,6% tenía una computadora con acceso a internet, una tasa que alcanzó el 56,3% entre los 10% más ricos. Las profundas desigualdades además se ven en el ámbito escolar. Todo indica, por ejemplo, que hay una distancia considerable en la inclusión digital entre los estudiantes de escuelas públicas (37,3%) y privados (83,6%).
El senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que es quien está llevando adelante esta iniciativa, sostiene que esta situación podría poner en peligro el futuro del país al reducir las oportunidades educativas, sociales y profesionales de brasileños víctimas de esta desigualdad digital. "El disfrute de muchos derechos de la ciudadanía, tales como la información, la educación, el trabajo y el salario decente, depende cada vez más en el acceso a nueva información y tecnologías de la comunicación. De ahí la necesidad de la inclusión de dicho acceso como un derecho constitucional", dijo Rollemberg.
