Apple acorralada por EEUU y la UE
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 15 estados demandaron el jueves a Apple, alegando que utilizó la poderosa posición de su iPhone y otros productos para hacer subir los precios de sus servicios y perjudicar a rivales más pequeños, en la primera gran iniciativa antimonopolio del gobierno de Joe Biden contra el fabricante de teléfonos inteligentes.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Nueva Jersey, marca la culminación de una investigación de cinco años sobre la segunda empresa de tecnología más valiosa del mundo. La Administración Biden ha hecho de la competencia una piedra angular de su política económica, y Silicon Valley se ha convertido en un objetivo clave.
Apple se une así a una lista de grandes empresas tecnológicas demandadas por los reguladores estadounidenses -entre ellas Google de Alphabet, Meta Platforms y Amazon.com- durante los mandatos tanto del expresidente Donald Trump como de Biden.
“Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio”, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
“Si no se le cuestiona, Apple solo continuará fortaleciendo su monopolio de teléfonos inteligentes”.
La demanda alega que Apple ha utilizado su poder sobre la distribución de aplicaciones en el iPhone para frustrar innovaciones que habrían facilitado a los consumidores cambiar de teléfono. La compañía se ha negado a admitir aplicaciones de mensajería multiplataforma, ha limitado las billeteras digitales de terceros y los relojes inteligentes que no sean de Apple, además de bloquear servicios móviles streaming en la nube.
Recientemente, Apple agregó compatibilidad con servicios de juegos en la nube y dijo que agregaría mensajería multiplataforma RCS a finales de este año.
La demanda, de 88 páginas y presentada ante el tribunal federal de Newark, Nueva Jersey, se centra en “liberar los mercados de teléfonos inteligentes de la conducta anticompetitiva y excluyente de Apple y restablecer la competencia para bajar los precios de los teléfonos inteligentes para los consumidores, reducir las tarifas para los desarrolladores y preservar la innovación para el futuro”.
Asimismo, la demanda aseguró que “Apple elige repetidamente empeorar sus productos para los consumidores con el fin de impedir que surja la competencia”, citando cinco ejemplos en los que la empresa utilizó mecanismos para suprimir tecnologías que habrían aumentado la competencia entre los teléfonos inteligentes: las llamadas “superaplicaciones”, las aplicaciones de juegos en nube, aplicaciones de mensajería, los relojes inteligentes y monederos digitales.
Apple discrepó en un comunicado, afirmando que “esta demanda amenaza quiénes somos y los principios que distinguen a los productos Apple en mercados ferozmente competitivos. Si tiene éxito, obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde se cruzan el hardware, el software y los servicios”.
Las acciones de Apple perdían un 3% en la sesión.
La Unión Europea suma a Google
Apple y Google, de Alphabet se enfrentan a investigaciones exhaustivas de la Unión Europea sobre su cumplimiento de una nueva ley que pone límites al poder de las grandes tecnológicas, allanando el camino para multas potencialmente elevadas.
La Comisión Europea se prepara para anunciar en los próximos días la apertura de investigaciones a las empresas en virtud de la Ley de Mercados Digitales del bloque (DMA, por sus siglas en inglés), según personas familiarizadas con el asunto.
Las nuevas tarifas, términos y condiciones de Apple y Google para los desarrolladores de tiendas de aplicaciones estarán en el punto de mira de la UE, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
La DMA, que establece una serie de normas para algunas de las mayores plataformas tecnológicas del mundo, permite al bloque imponer fuertes sanciones de hasta el 10% de los ingresos anuales totales de una empresa en todo el mundo, y de hasta el 20% para las empresas que incumplan las normas de forma reiterada. Tras iniciar las investigaciones formales, los reguladores pretenden emitir sus decisiones finales en un plazo de 12 meses.
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