Así se combate el enorme poder de Google en Bruselas y Estados Unidos

EE.UU.

Como el caballo de Atila

El neologismo googlear se ha convertido en palabra común.

Oxford Languages define el término como “verbo transitivo” y consiste en “buscar información en internet usando el motor de búsqueda de Google”. Cuando alguien no sabe algo, acude al ciberespacio y googlea, o guglea, grafismo preferido por la Real Academia Española de la lengua.

Este discurso lexicológico no hace más que demostrar la expansión lograda por Google en poco más de dos décadas, si bien parece que ha existido siempre.

Su utilidad está más que demostrada. Esta circunstancia le ha dado una posición dominante en múltiples mercados. Plantearse cómo lo ha logrado también ha despertado los viejos fantasmas de las prácticas monopolísticas.

Al tiempo que Google se extiende y controla el terreno, ahoga a la competencia. Como el caballo de Atila, por donde pasa no crece la hierba.

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A esta conclusión llegaron la administración de Estados Unidos y una retahíla de gobiernos estatales. Esta empresa, integrada en el conglomerado de Alphabet, afronta tres macrodemandas judiciales en este país, en uno de los ataques más duros contra una de las industrias tecnológicas más poderosas del planeta.

El primero de estos pleitos lo presentó el Departamento de Justicia (DOJ) –se adhirieron once estados–, el pasado octubre en los tribunales de Washington, después de más de un año de investigación a partir de la ley federal antimono­polio.

La denuncia argumenta que Google, que goza del 80% de las consultas de búsqueda en Estados Unidos, estableció acuerdos con fabricantes de teléfonos inteligentes mediante el sistema operativo Android, de manera que se precargara su mecanismo de búsqueda en esos aparatos y obstaculizara a los rivales a la hora de intentar una sustitución.

Entre estos acuerdos figura pagar no menos de 12.000 millones anuales a Apple para hacer que Google sea el motor predeterminado en Safari y en los iPhone.

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De esta manera puede obtener más ingresos por publicidad de búsqueda, lo que a su vez le permite mantener el flujo de pagos.

Según el Departamento de Justicia, este andamiaje es un plan ilegal para mantener el monopolio de Google sobre las búsquedas. Al imponer esos contratos para garantizar el dominio, se minusvaloró la competición y la innovación, se ­reitera.

“La gente utiliza el buscador de Google porque lo elige, no porque se ve forzada o porque no puede encontrar fácilmente una alternativa en la búsqueda de información en internet”, replica la compañía a la denuncia.

La segunda demanda, con Nebraska y Colorado liderando una coalición de 38 estados, acusa a la compañía de abusar de su control sobre la indagación online, así como en la búsqueda de publicidad, para aplastar a los competidores con su conducta y hacer incursiones en nuevos mercados.

Tiene muchas conexiones con la primera –incluso se considera que las dos demandas se pueden unificar–, aunque incide más en la discriminación de otros ingenios de búsqueda.

Este pleito se presentó el 17 de diciembre, el día después de que el fiscal general de Texas encabezara un grupo de nueve estados en su acusación por el control del mercado publicitario. “Este Goliat empresarial está utilizando su poder para manipular el mercado, destruir la competencia y causar daño a todos vosotros, los consumidores”, indica el texto.

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Google lo niega casi todo. Sí acepta que se fundó en un garaje de Menlo Park hace 22 años y admite que algunos diccionarios clasifican “google como verbo”.

Unión Europea

Gigantes fuera de control

La estrategia europea respecto a las grandes plataformas digitales se centra en conseguir que paguen impuestos, que se responsabilicen de los contenidos que albergan y que compitan en igualdad de condiciones con otros actores, sin sacar ventaja de su condición de gatekeepers, de guardianes de la puerta de acceso. Y no está resultando fácil conseguirlo. En cuestión de impuestos, se valen de su esencia digital para basar su sede social en el país donde reciban el trato fiscal más favorable; en responsabilidad sobre los contenidos empiezan a ceder, y ahora les tocará afrontar jugar sin ventajas en los mercados.

La tasa digital lleva años arrastrándose por los pasillos de la Unión Europea, pero la resistencia de algunos países ha impedido su adopción, y ha llevado a sus grandes defensores, como Francia y España, a aplicarla por su cuenta mientras esperan que se adopte una tasa a escala europea. En el caso español, está en vigor desde el 16 de enero aunque las primeras autoliquidaciones del impuesto se presentarán en julio. Con el 3% de la facturación con que grava algunos de los servicios de las grandes plataformas, el Gobierno espera recaudar este año 968 millones de euros.

En la cumbre de la UE dentro de dos semanas, los jefes de gobierno respaldarán una solución propia si no hay un acuerdo multilateral negociado en la OCDE. Un escenario imposible con Trump, pero más factible con Biden, que ha retirado su veto al proyecto y parece dispuesto a negociarlo. En cualquier caso, con o sin acuerdo a escala de la OCDE, la Comisión Europea debe presentar una propuesta para que la tasa digital se convierta a partir del 2023 en uno de los recursos que alimenten el presupuesto de la UE.

Además de exigir a los gigantes digitales una tributación justa, Bruselas quiere también controlarlos más de cerca con dos propuestas que presentó en diciembre. Por un lado, para evitar que abusen de su posición de facilitadores de la entrada de estos mercados a sus competidores, se plantea la ley del Mercado Digital (DMA).

“La mejor caracterización que he escuchado sobre el rol económico de las plataformas digitales es que son matchmakers”, escribe Maria Demertzis, del think tank Bruegel. Unos matchmakers que podemos traducir por el neutro intermediario o el más atrevido casamentero. Sea cual sea la denominación, se trata de poner en contacto a dos tipos de clientes, como sería el viajero que busca una casa de vacaciones con el propietario que la alquila. Esta intermediación no es nueva, pero la era digital le ha inyectado más complejidad y una gran escala, y cuando hay escala hay poder, y potencialmente poder monopolístico.

Que lo ilegal offline lo sea también online, argumentan en Bruselas. Se trata de que las empresas puedan competir en el mundo digital en las mismas condiciones que lo hacen en el analógico. Porque ser un gatekeeper, un guardián de las entradas, puede dar muchas ventajas sobre otros rivales. Datos procedentes de una fuente, como las búsquedas online, se pueden utilizar para identificar las preferencias del usuario en otro mercado. Con esta información, la plataforma juega con ventaja.

Para evitarlo, se prohíbe priorizar los productos propios respecto a los de la competencia, o espiar los datos de otras empresas para competir con ellas, entre otras medidas. Todo acompañado por un régimen de sanciones que arranca con multas, pero que puede llegar a forzar la venta de una parte de la empresa.

La segunda propuesta planteada por la Comisión Europa es la de responsabilizar a las plataformas sobre el contenido que albergan. Tendrán que eliminar con rapidez el contenido ilegal que publiquen, aunque la responsabilidad exigida varía en función del tamaño de la compañía. Cuanto mayor es la plataforma, más se sube el listón de las exigencias.

Es un cambio sustancial en los mecanismos en vigor, para actualizarlos a la era digital.

Fuente: La Vanguardia de España