Climate change: Ley para la Restauración de la Naturaleza, ¿alcanza?

El pasado 9 de noviembre, el Parlamento Europeo y negociadores de los Estados miembros lograron un acuerdo sobre el texto legislativo de Restauración de la Naturaleza, luego de nueve horas de negociaciones, que a su vez formaron parte de un proceso de discusiones de varios meses. 

La Ley para la Restauración de la Naturaleza es una legislación de la Unión Europea que tiene como objetivo principal la restauración y recuperación de ecosistemas degradados. Esta norma forma parte del Pacto Verde Europeo y la estrategia de biodiversidad 2030.

Se contempla que se restaure al menos el 30% de estos hábitats para 2030, el 60% para 2040 y el 90% para 2050

Con condiciones de los espacios naturales “malas o mediocres” en alrededor del 80% del total territorial de los países que conforman la UE, el proyecto legislativo representa “un resultado histórico”, según Pascal Canfin, jefe de la Comisión Europea de Medio Ambiente.

El Parlamento Europeo y los Veintisiete han llegado a un acuerdo político provisional sobre esta ley. Según este acuerdo, la UE debe poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubran al menos el 20% de todas las áreas terrestres y marítimas de la UE.

Además, la ley no impone la creación de nuevas áreas protegidas en la UE ni bloquea la nueva infraestructura de energías renovables. En cambio, añade un nuevo artículo que subraya que estas instalaciones son de interés público.

A pesar de reconocer la importancia del acuerdo alcanzado el pasado jueves, grupos y ONG ecologistas lamentaron que “el texto final ha diluido considerablemente la ambición de la propuesta original de la Comisión”. Y señalaron también la existencia de “lagunas” en el proyecto de ley, entre estas voces, la del propio jefe negociador de la Eurocámara, César Luena.

La derecha, principal opositora de la iniciativa

Luego de haberse propuesto por primera vez el proyecto de ley en 2022, el Partido Popular Europeo (PPE) se mostró reticente a la legislación. A principios de 2023 el PPE intentó abandonar el proyecto legislativo. Durante las negociaciones, algunos países mostraron su preocupación del aumento de leyes ambientales con efectos sobre la industria.

El PPE y otros grupos de centro-derecha, han manifestado que su oposición al proyecto normativo se debe a que consideran que este amenaza la seguridad alimentaria europea al tener efectos negativos directos sobre la agricultura, como el alza en los precios de los combustibles. Una postura respaldada por la COPA-COGECA, principal grupo agrario de la UE.

Es importante tener en cuenta que este texto aún debe ser ratificado tanto por el Consejo, es decir, los Estados miembros, como por la Eurocámara

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