Controvertida Ley de Medios de Uruguay
El proyecto de la conocida como nueva “Ley de Medios” parte de una voluntad positiva para el desarrollo del sector y de la necesidad real de actualizar la regulación vigente al contexto y la realidad actual del mercado, para lo que se debe avanzar en asegurar la eliminación de las asimetrías existentes de cara a que los operadores puedan empezar a competir en pie de igualdad. En aras de poder ofrecer los mejores servicios a toda la población uruguaya. Sin embargo, desde ASIET entendemos que la versión actual del proyecto no refleja el contexto de convergencia y los cambios que han transformado el mercado de las telecomunicaciones y audiovisual en los últimos años, así como el papel de los nuevos actores que hoy en día componen el Ecosistema Digital, dando lugar a posibles situaciones anticompetitivas.
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Aunque es acertado que el actual proyecto elimine parte de las restricciones existentes, estos avances se ven acotados por disposiciones que limitan arbitrariamente la obtención de licencias y mantienen la incompatibilidad de obtención de nuevas licencias si se posee una licencia para dar servicio de TV por satélite (DTH). Por ello, supone un trato discriminatorio que resultaría en una desventaja competitiva que frena el beneficio para los usuarios de un mercado más dinámico.
ASIET considera necesario que el país pueda ir avanzando, al ritmo adecuado, hacia un mercado en el que cada licenciatario pueda prestar los servicios que su tecnología les permita, según lo recomendado por organismos como la OCDE. La apertura de la red fija sin exclusiones del operador estatal para acceso mayorista es una condición de especial importancia para la maximización de los beneficios de la infraestructura ya desplegada, al igual que la promoción de acuerdos de compartición voluntaria de la misma. Que Antel pueda establecer una oferta mayorista de FTTH que permita a otros operadores acceder a una infraestructura necesaria -y difícilmente replicable- para el despliegue de diversos servicios dinamizaría el mercado y ampliaría la oferta, complementando la actividad del operador estatal.
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Esta apertura requiere de un proceso que proteja tanto a los usuarios como a todos los operadores, y genere condiciones de competencia equilibrada, todo ello con el objetivo central de aprovechar la oportunidad para incorporar las mejores prácticas internacionales y generar una normativa modélica que se adapte a los principios tecnológicos ya vigentes, y que se proyecte a futuro, permitiendo gestar un mercado innovador y pujante en beneficio de los usuarios de los servicios y que amplíe la capacidad de desarrollo de un sector clave para la recuperación económica.
