Bitcoin: Duro enfrentamiento entre Bukele y el FMI

No todas son buenas noticias en relación a El Salvador y su decisión de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente estuvo en El Salvador, recomendó a las autoridades del país centroamericano no usar el bitcoin como moneda de curso legal, por los altos riesgos que implica.

El FMI, luego de una evaluación periódica de las finanzas del país conocida como Artículo IV, reconoció los esfuerzos del gobierno salvadoreño por promover la inclusión financiera y el crecimiento económico mediante el uso de criptotecnologías.

“Dada la alta volatilidad de los precios de bitcoin, su uso como moneda de curso legal implica riesgos significativos para la protección del consumidor, la integridad financiera y la estabilidad financiera”, se señala desde el FMI, añadiendo  problemas en la contabilidad y la supervisión. También se pide aumentar la vigilancia por su posible uso para lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como una regulación bancaria que blinde de la exposición a la moneda digital.

“Debido a estos riesgos, el bitcoin no debería usarse como moneda de curso legal. El personal (del FMI) recomienda reducir el alcance de la ley de bitcoins e insta a fortalecer la regulación y supervisión del nuevo ecosistema de pagos”, incide en su informe el equipo de la entidad que dirige Kristalina Georgieva.

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El aviso del Fondo llega días después de que Bukele anunciara la emisión de 1.000 millones de dólares en deuda para construir una “ciudad bitcoin” donde no se pagarán impuestos salvo el IVA. 

Hace tiempo que El Salvador le viene solicitando a un préstamo al FMI que no logra concretarse por diferencias en las políticas económicas. El país centroamericano solicitó u$s1,3 mil millones pero el organismo se mantiene reacio a concederlo.

Por ahora, el Fondo ya estableció las primeras condiciones a El Salvador: un ajuste fiscal equivalente al 4% del PIB en 3 años, que según el economista del INCAE Rafael Lemus implica recortar gastos en 2.6% del Producto Interno Bruto e incrementar ingresos en 1.4% del PIB. Lo primero significa reducir en US$715 millones el gasto público y lo segundo subir en US$315 millones la recaudación.

No es algo “imposible”, cree Lemus, pero “si requiere de un compromiso con la responsabilidad fiscal que el gobierno hasta la fecha no da señales de compartir”, expresó a principio de mes.