Ente regulador fiscal argentino a contramano de la transformación digital: embarga billeteras digitales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzó este miércoles con los embargos a billeteras virtuales por más de $800 millones.

Así, el organismo “avanza en el recupero de deudas tributarias acumuladas por contribuyentes morosos”, señala el comunicado oficial. 

Esto sucede porque la Justicia habilitó medidas sobre activos digitales de personas que acumulaban pasivos impagos. 

El organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont amplió su capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

AFIP incorporó en febrero a las billeteras virtuales al listado de activos sobre los cuales puede solicitar la traba de embargos con el objetivo de asegurar el cobro de obligaciones impagas acumuladas

La decisión fue tomada por magistrados de Tucumán, Catamarca, Santa Fe, San Juan, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

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En los últimos cuatro meses, juzgados de todo el país autorizaron los 1269 embargos por más de $800 millones sobre billeteras virtuales

Según informaron desde AFIP, los montos adeudados a través de embargos a activos digitales se concretan sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, por ejemplo. En estos casos, para determinar sobre quiénes actuar, se abasteció del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

La normativa de la AFIP no establece un orden de prelación sobre qué activos se debe avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deudas. No obstante, la práctica muestra que las medidas comienzan con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias. 

bajo el proceso de recuperación económica que experimenta el país y con el objetivo de proteger el interés fiscal, la agencia de Gobierno que lidera del Pont retomó en febrero las ejecuciones fiscales.