España impondrá nuevas restricciones a Uber
Uber Technologies, Inc. conocida simplemente como Uber es una empresa estadounidense proveedora de movilidad como un servicio. Tiene su sede en San Francisco y opera en más de 900 áreas metropolitanas de todo el mundo.
El Gobierno dará a las comunidades “nuevas herramientas” para que puedan legislar sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) atendiendo al buen funcionamiento del tráfico o a cuestiones medioambientales.
El Consejo de Ministros podría aprobar el decreto este mismo martes, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que permitiría a las autoridades regionales obligar a los conductores de vehículos de transporte con conductor (VTC) a respetar criterios adicionales para poder operar en zonas específicas.
Estos criterios tendrán que estar justificados por razones como la protección del medio ambiente, la seguridad vial o la sostenibilidad de “servicios de interés público” como los taxis convencionales, dice el borrador, que no tiene fecha.
Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha añadido que la nueva norma tratará de ajustar la legislación española a la jurisprudencia europea, una vez que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenció que no se justifican las limitaciones a las licencias de VTC por razones económicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha señalado que el Gobierno apuesta por la declaración del taxi como vehículo de transporte público.
Entre las medidas acordadas, que “se han trabajado con todas las partes implicadas”, se incluye como novedad exigir que el titular de la licencia de VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por más de tres meses.
También se incrementarán las exigencias de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y se apuesta por la declaración del taxi como servicio público.
El 8 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se opuso a las restricciones impuestas en Barcelona para reducir el número de conductores de VTC contratados a través de plataformas móviles y propietarios de flotas para proteger los intereses de los servicios de taxi.
El tribunal dijo que tales restricciones podían ser legales si no discriminaban entre los distintos proveedores de servicios.
La decisión fue acogida con satisfacción por los conductores de VTC y las plataformas de aplicaciones que operan en España, como Uber, Bolt y su competidor local Cabify, como un precedente que los institucionaliza como operadores legítimos de transporte público.
Los taxistas entienden que este pronunciamiento ponen en riesgo al sector y amenazan con movilizaciones. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) advirtió de que las posibles interpretaciones de la sentencia del TJUE pueden suponer una aluvión de autorizaciones VTC, que cifran en más de 130.000.
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