Fiscales de EEUU: “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey”

(EEUU) La guerra judicial no se ha hecho esperar en el segundo mandato de Donald Trump. El martes, apenas horas después de que el nuevo presidente firmara el decreto entre una avalancha de órdenes ejecutivas, 22 Estados han interpuesto un par de demandas para frenar la que bloquea la ciudadanía por nacimiento.
El gran freno, en las próximas semanas, no va llegar directamente de la política. El campo de batalla está ya, una vez más en los tribunales.
Declaró, entre otras cosas, una emergencia nacional en la frontera sur, un perdón masivo para más de 1.500 condenados por el asalto al Capitolio, que ya están dejando las cárceles arropados por sus familias, aliados e incluso congresistas. La salida del Acuerdo climático de París o de la Organización Mundial de la Salud. El cerrojo a los programas de diversidad o los fondos para políticas de género. Además de una prórroga para que TikTok encuentre una solución y pueda adaptarse a la nueva legislación estadounidense.
La política, que tiene más de un siglo de precedente, garantiza que los bebés nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos estadounidenses independientemente del estatus migratorio de sus padres, bien sean migrantes sin papeles, estudiantes con visa o hasta turistas. Deshacerse del precedente legal, respaldado expresamente por la Enmienda 14 de la Constitución, era una promesa del republicano y la ha cumplido en el primer día.
El decreto de Trump, de unas 700 palabras, declara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados ciudadanos. El argumento es que como los hijos de no-ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” del país, tampoco están protegidos por la Constitución.
Los fiscales generales de esos 22 estados acudieron a un tribunal de Massachusetts para bloquear la orden ejecutiva que insta a no reconocer como ciudadanos a los hijos de inmigrantes no autorizados nacidos en Estados Unidos, e incluso de quienes sí lo están, aunque de forma temporal con permisos de estudios. Algo ilegal, “extraordinario y extremo”, en palabras del fiscal de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, quien lidera la batalla legal junto con sus colegas de California y Massachusetts. “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo“, dicen en su escrito.
Además de Nueva Jersey y las dos ciudades, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unieron a la demanda para detener la orden. Arizona, Illinois, Oregón y Washington presentaron una demanda separada en un tribunal federal.
Pero la lucha ahora va a ser feroz. Hay jueces federales, y los equipos jurídicos de gobernadores republicanos en estados fronterizos, que creen que Trump tiene razón y el país está en una situación única, no en guerra pero sí sometido a algún tipo de “invasión”. De ahí, de hecho, la obsesión desde hace meses de Trump de invocar la Ley de 1798 que regula precisamente las invasiones extranjeras.
En todo caso, la interpretación general es que estos primeros días son ante todo una demostración de fuerza, para dentro y para fuera.
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