Las garantías de producto se amplían de dos a tres años a partir de enero
Por Juan I. Cabrera
La legislación española, siguiendo el camino marcado por la Unión Europea, da un paso más a la hora de proteger los derechos de los consumidores y fomentar la economía circular. En enero de 2022 se amplía el plazo de garantía de los productos. Y no será el único cambio que habrá a la vuelta de año.
El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-ley 7/2021, que traspone al derecho español diversas directivas europeas, entre las que se encuentra una relativa a los contratos de compraventa de bienes. Esta novedad afecta sobre todo al capítulo de la garantía de producto, que se ha mantenido en dos años desde fue aprobada la anterior norma, en 2007.
El punto más destacado a tener en cuenta por compradores, comercios y fabricantes es, por lo tanto, que el periodo de garantía legal se incrementa de dos a tres años desde el momento de entrega del bien en cuestión. En el caso de que el producto sea digital, se mantendrá en dos años, y en un año si el producto es de segunda mano.
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Además, cuando un artículo se rompa dentro del periodo de garantía, será el cliente el que pueda optar entre repararlo o sustituirlo por otro nuevo. Hasta ahora, era el fabricante el que tomaba esta decisión.
Conviene aclarar que esta ampliación de garantía se aplica cuando se trata de bienes, como, por ejemplo, un ordenador, una nevera o un teléfono móvil, que son adquiridos por un particular. Pero no ocurre lo mismo si la compra la hace una empresa. En el caso de que el comprador sea una compañía y no un usuario doméstico, el plazo de garantía que el proveedor o revendedor deberá aplicar será de solo un año, como hasta ahora.
Piezas de repuesto durante 10 años
Pero hay más novedades en la legislación española con respecto a la protección de los consumidores. A partir del 1 de enero de 2022, los fabricantes también estarán obligados a ofrecer piezas para reparar sus productos durante un periodo de 10 años desde el momento en que se deje de fabricar el producto. Y también deben continuar con un servicio técnico adecuado durante una década. Hasta ahora el plazo para mantener piezas era de solo cinco años.
Con esta ampliación, las autoridades españolas pretenden combatir la obsolescencia programada y contener la generación de basura electrónica, fomentando la reparación de los dispositivos y retrasando lo más posible su llegada al punto limpio.
Los cambios también están en línea con la apuesta europea por la sostenibilidad y racionalización del consumo incluida en la Agenda Europea del Consumidor. Tanto para las autoridades nacionales como comunitarias, la máxima es “reparar, mejor que reemplazar».
Otro punto importante de la nueva ley es el que tiene que ver con la presunción de falta de conformidad, que se incrementa de 6 meses a 2 años. Esto quiere decir que, durante este período, el consumidor o usuario solo tendrá que demostrar que el bien no es conforme a lo acordado, sin necesidad demostrar su falta de conformidad en el momento de la entrega, como hasta ahora. Para oponerse a la reclamación del consumidor o usuario, el vendedor tendrá que demostrar que la falta de conformidad no existía en ese momento.
Por último, y para evitar malentendidos en las promociones, las garantías comerciales que se incluyan en la publicidad asociada al producto prevalecerán a las de la declaración de garantía legal si son más beneficiosas para el consumidor.
Reacciones a la ley de garantías
Algunos expertos legales critican que la ley es muy general y afecta de igual modo productos relativamente sencillos y fabricados con pocas piezas, como una tostadora, que a otros muchos más complejos, como un coche o un ordenador.
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También iguala productos que tienen ciclos de vida muy distintos. Por ejemplo, un coche o una caldera de gas pueden alcanzar los 15 o 20 años funcionando en buenas condiciones, mientras que un ordenador está pensado para durar seis o siete. Y por eso no entienden la obligación general de mantener repuestos durante 10 años a partir del momento en que se deja de fabricar.
Por su parte, las entidades que defienden los derechos de los compradores han aplaudido este cambio legal. Es el caso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, sin embargo, sostiene que todavía debe completarse con otras iniciativas, como la creación de un índice de reparabilidad de los productos, que oriente la elección de los consumidores hacia productos más duraderos.
En este sentido, hay que recordar que en marzo pasado, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció un nuevo etiquetado para los dispositivos electrónicos, con el fin de promover la economía circular. Es precisamente el índice de reparabilidad, que muestra con una puntuación que va de 0 a 10 lo fáciles o complicados que son de reparar. En esa escala, 10 es la puntuación máxima y quiere decir que el dispositivo favorece al máximo su puesta al día en caso de fallo.
Con esta iniciativa, España seguía el ejemplo francés, que cuenta con un índice de este tipo desde enero de 2021. Sin embargo, en España por el momento no se han concretado qué aparatos deben ofrecerlo ni a partir de cuándo estará disponible.
