Organizaciones advierten sobre ánimos recaudatorios en la asignación de espectro
La asociación de la industria móvil GSMA y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) advirtieron que el foco recaudatorio en las asignaciones de espectro pone en riesgo la universalización de Internet en América Latina. Así lo destaca el estudio “Consideraciones Clave en los concursos de espectro móvil”, desarrollado por la consultora Ovum.
El análisis ilustra cómo el espectro asignado a servicios móviles es el facilitador para el desarrollo de redes y servicios de banda ancha, piedra angular clave para el desarrollo económico, el bienestar y la reducción de la brecha digital de los países latinoamericanos. En el reporte se analiza cómo las decisiones regulatorias y cada uno de los elementos de política pública considerados al momento de diseñar un concurso de espectro para servicios móviles, impacta en el comportamiento de los inversionistas, la dinámica competitiva, el nivel de adopción del servicio y la asequibilidad, entre otros factores, lo que incide en el bienestar general de la población.
El estudio revela que cada obligación adicional establecida en las condiciones del concurso implica un mayor costo del servicio, lo que en general deriva en un aumento de precio a los consumidores: esto impacta en una menor adopción de la banda ancha y en la economía en su conjunto dificultando el cierre de la brecha digital y limitando el impacto socioeconómico derivado de universalizar los servicios.
El texto advierte que aquellas licencias con duraciones menores de 20 años no permitirían recuperar la inversión requerida, lo cual afecta el despliegue de redes necesario para cerrar la brecha digital. También remarca que las bandas bajas son esenciales para los objetivos de cobertura y la asequibilidad.
El análisis expuesto muestra como cada decisión del regulador en cuanto al diseño de un concurso de espectro tiene un impacto determinado y debe ser evaluado. Todos los objetivos son deseables, pero el desafío que se plantea es alinear el proceso del concurso con los objetivos de política pública, utilizando las fuerzas de mercado a través de mecanismos transparentes.
Recomienda que los objetivos de política pública debieran centrarse en torno a la universalización de los servicios, para lo cual es necesario promover las condiciones de entorno propicias para que las inversiones en despliegue de redes puedan llevarse adelante.
