¿Qué busca Bukele con la controvertida ley crypto aprobada en El Salvador?

Luego de que en septiembre de 2021 el bitcoin se convirtiera en una moneda de curso legal en el país -a la par del dólar-, el mandatario ha continuado comprando la criptomoneda con fondos públicos pese a las advertencias del alto riesgo al que quedan expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.

Con 62 votos a favor y 16 en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, que permitirá dar certeza jurídica a las transacciones realizadas con criptomonedas. Tuvo su origen en un proyecto enviado por el presidente Nayib Bukele, que en 2021 apostó fuertemente por el bitcoin, estableciéndolo como moneda de circulación legal en el marco de la llamada “Ley Bitcoin”.

Según el gobierno salvadoreño, entre los objetivos de la ley están “proteger los derechos de los compradores y emisores de activos digitales en El Salvador”, además de “disuadir a los estafadores de operar aquí”.

“El Salvador es el epicentro de la adopción del bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable”, dijo Bukele.

Entre las novedades que introduce la norma, está la creación de una agencia estatal llamada “Administradora de Fondos Bitcoin”, que será la entidad técnica encargada de “la inversión, resguardo e inversión de los fondos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales que realice el Estado de El Salvador y sus instituciones autónomas y los rendimientos provenientes de dichas ofertas públicas”.

Además de este organismo, la normativa contempla instituir la “Comisión Nacional de Activos Digitales”, que deberá velar por la correcta aplicación del texto legal.

Una nueva Comisión Nacional de Activos Digitales –cuyo Consejo Directivo tendrá 3 designados del presidente, secretario de Comercio y Ministerio de Economía– será la encargada de habilitar o cancelar las ofertas públicas de activos digitales, autorizar o cancelar a los proveedores de servicios de activos digitales, inscribir o desinscribir a los emisores, y autorizar o revocar a los certificadores.

La Comisión Nacional de Activos Digitales cobrará tasas por: registros de proveedores y certificadores (tasa registral de 15 salarios y tasa de renovación anual de 10 salarios mínimos del sector comercio), administración y emisión de certificaciones ($50 o su equivalente en bitcoin), y habilitación de ofertas públicas.

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También podrán cobrar a los emisores 0.01 % del monto de la oferta pública habilitada para la emisión solicitada y $50 o su equivalente en bitcoin por cada certificación.

La ley define al activo digital como “una representación digital que puede almacenarse, transferirse electrónicamente, utilizando un sistema de Tecnología de Registro Distribuida, o tecnología similar o análoga, en la cual los registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones”.

Los bonos volcán

El futuro inmediato de la norma es permitir la emisión del nombrado Volcano Bond, que se trata de un token destinado a recaudar unos mil millones de dólares. Este proyecto que había sido anunciado por el presidente salvadoreño en noviembre de 2022 y servirá como financiamiento de la denominada Bitcoin City, que se traduce en una especie de zona franca para el comercio de las criptomonedas.

El Golfo de Fonseca en la costa sur de El Salvador será el epicentro de esta zona, en la que se ha planteado ofrecer a los inversionistas incentivos fiscales con una regulación amistosa que persigue atraer la inversión extranjera para crear una zona minera de criptomonedas importante, con la particularidad de que, en este caso, se usará la energía geotérmica de los volcanes del país.

Los llamados bonos volcán, explican especialistas, funcionarían de la siguiente manera: un inversor privado le presta dinero en dólares a El Salvador a cambio de una determinada tasa de interés, y El Salvador le paga en bitcoin cuando llegue el vencimiento de la deuda.

Si se concreta, sería la primera vez en la historia que un país emite un bono en bitcoin.

“Es un alto riesgo para los inversores”, le explica a BBC Mundo Fernando Alvarez, académico e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago.

Si eventualmente el país cayera en cesación de pagos (default), el inversor que compró los bonos perdería su dinero. Y si, por otro lado, eso no ocurre, no hay garantía de que el precio del bitcoin vaya a subir cuando le paguen sus fondos en la divisa digital.

En ese sentido, es una apuesta que puede resultar en grandes ganancias o grandes pérdidas.