Sobornos de SAP en Panamá: ¿Corrupción o hecho político?

El caso de las coimas de SAP es emblemático, pero no es el primero en América Latina. Allegados al actual gobierno de Panamá manifestaron a TyN Magazine que existe una docena de empresas de tecnología implicadas en prácticas “non sanctas”. Ampliaremos en los próximos días.

La historia de los sobornos pagados por SAP por medio de un representante en Panamá tiene un nuevo capítulo. Un juez de California (EEUU) identificó al ex presidente panameño Ricardo Martinelli como parte de una red estatal que recibió pagos indebidos por parte de la empresa alemana para obtener contratos. Llama la atención que solo trasciendan los nombres de algunos funcionarios y no ejecutivos del sector privado.

Un artículo de Reuters da cuenta que el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli aparece mencionado como uno de los coconspiradores para recibir sobornos de parte de SAP para la provisión de sistemas informáticos. La información, según la agencia de noticias, se desprende de documentos que utilizó la justicia estadounidense para condenar a Vicente García, ex vicepresidente de SAP, a 22 meses de prisión.

El ex VP de Cuentas Globales y Estratégicas había reconocido el pago ilegal de dinero a funcionarios panameños para lograr que SAP obtenga contratos de servicios de software con el Gobierno entre 2009 y 2013. Uno de los contratos obtenidos por la compañía alemana, por US$ 14,5 millones, fue con la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS).

SAP no obtenía directamente los contratos, sino que lo hacía por medio de un partner, Advanced Consulting Panamá, filial de una firma mexicana. Esta empresa adquiría a SAP el software con descuentos excesivos, aprobados por García. El partner luego lo revendía a entidades gubernamentales a costos mucho más altos y con las altas ganancias creó un fondo para los sobornos.

La nota de Reuters no abunda en detalles de la implicación de Martinelli en esa trama de dinero ilegal. En esa época, García cerró contratos con tres funcionarios a quienes el gobierno estadounidense identificó a uno como “Oficial C”, de alto rango. El ex VP de SAP dijo a la justicia que ese funcionario era el ex Presidente. A su vez, agregó que pagó una comisión a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli, aunque aclaró no estar seguro que el soborno llegara finalmente a manos del ex primer mandatario.

Los nombres de políticos siguen apareciendo pero no hay información –más allá de la que brindó García a la Justicia- sobre los participantes del sector privado. En su momento, SAP emitió un escueto comunicado sin agregar información. La empresa continúa ofreciendo servicios en Panamá y Guillermo Sáez-Llorens, ex titular de la CSS, está preso. El ex-presidente comentó a este medio que el contrato fue firmado por Sáez-Llorens, y Mauricio Deveaux Beltran, representante legal de Advanced Consulting Panamá, filial de SAP a nivel local.

TyN Magazine consultó a Ricardo Reyes, director de Administración y Finanzas de Advanced Consulting Solutions en México, sobre las coimas en las cuales quedaron involucrados en Panamá, pero no quiso realizar declaraciones sobre el tema. Lo mismo sucedió con CSS: no hacen comentarios.

[blockquote]TyN Magazine se comunicó con Advanced Consulting Solutions y la CSS, pero prefirieron no hacer comentarios sobre el tema[/blockquote]

El caso de los sobornos de SAP es emblemático, pero no es el primero en Latinoamérica. Allegados al gobierno de Panamá manifestaron a TyN Magazine que existe una docena de empresas de tecnología implicadas en prácticas “non sanctas” actualmente. Sobre este tema ampliaremos en los próximos días.

El escenario indica que, por ahora, ambas administraciones han omitido ahondar en las ramificaciones que estos comportamientos tienen en el sector privado. Vale recordar que el pago de comisiones indebidas y sobreprecios salió a la luz por una investigación del FBI y la SEC estadounidense.

Por lo pronto, no pareciera que la administración de Varela busque justicia, ya que no existen empresarios presos. En definitiva, el caso SAP sirve como una muestra del ensañamiento de Varela contra Martinelli y algunos funcionarios. Se trataría, así, de un hecho político y no de justicia.