UE quiere firmar una normativa histórica de autoregulación para la IA

 La nueva directiva europea sobre IA para esta tecnología —revolucionaria pero también enormemente disruptiva— que ahora negocian las instituciones comunitarias para alumbrar un texto definitivo se inclina cada vez más hacia la autorregulación. La última propuesta de España, que preside este semestre el consejo de la UE y coordina las negociaciones, plantea “unas obligaciones muy limitadas y la introducción de códigos de conducta” para las compañías, aunque con varias capas de supervisión intermedias, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. 

Las dos partes llegaron a un acuerdo sobre cómo regular los sistemas de IA generativa de rápido crecimiento, como ChatGPT, en las primeras horas del jueves, superando uno de los mayores escollos para un acuerdo final, dijo una fuente a Reuters.

El otro, el uso de la IA en la vigilancia biométrica, y el acceso al código fuente aún no se habían debatido tras 20 horas de conversaciones, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto. 

España, que cederá el testigo de la presidencia a final de mes a Bélgica y que ha puesto entre sus principales prioridades sacar adelante la histórica directiva, navega en esos equilibrios y ha planteado una serie de códigos de conducta para los modelos fundacionales (o GPAI, por sus siglas en inglés, aquellos capaces de crear contenidos de audio, texto o imágenes a partir de la observación de otros datos) que implican un mayor riesgo, real o potencial, aquellos que el reglamento denomina como “modelos fundacionales de riesgo sistémico”: es decir, con capacidades de alto impacto cuyos resultados pueden “no ser conocidos o comprendidos en el momento de su desarrollo y publicación, por lo que pueden provocar riesgos sistémicos a nivel de la UE”. Códigos que incluyan tanto “medidas internas” como una interlocución activa con la Comisión Europea para “identificar riesgos sistémicos potenciales, desarrollar posibles medidas mitigadoras y garantizar un nivel adecuado de protección de ciberseguridad”, dice el plan.

España, que cederá el testigo de la presidencia a final de mes a Bélgica y que ha puesto entre sus principales prioridades sacar adelante la histórica directiva, navega en esos equilibrios y ha planteado una serie de códigos de conducta para los modelos fundacionales (o GPAI, por sus siglas en inglés, aquellos capaces de crear contenidos de audio, texto o imágenes a partir de la observación de otros datos) que implican un mayor riesgo, real o potencial, aquellos que el reglamento denomina como “modelos fundacionales de riesgo sistémico”: es decir, con capacidades de alto impacto cuyos resultados pueden “no ser conocidos o comprendidos en el momento de su desarrollo y publicación, por lo que pueden provocar riesgos sistémicos a nivel de la UE”. Códigos que incluyan tanto “medidas internas” como una interlocución activa con la Comisión Europea para “identificar riesgos sistémicos potenciales, desarrollar posibles medidas mitigadoras y garantizar un nivel adecuado de protección de ciberseguridad”, dice el plan.

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