Valor agregado del sector telco supera los US$ 68.000 millones

El Centro de Estudios de Telecomunicaciones (cet.la) junto a CAF – Banco de Desarrollo de América Latina -, publicaron el estudio “Distribución de Retornos y Beneficios generados por el sector de telecomunicaciones en América Latina”, liderado por el Profesor Raúl Katz (Telecom Advisory Services). El objetivo fue analizar la contribución de la industria de las telecomunicaciones a las economías latinoamericanas y realizar una comparación intersectorial con otras industrias (intensivas en capital, de servicios públicos, entre otras) con el propósito de identificar asimetrías y distorsiones.
El estudio se basa en 12 países latinoamericanos que representan más del 93% del PIB regional y el 88% de la población. De acuerdo con el informe, la producción bruta de la industria de telecomunicaciones alcanzó US$ 147.800 millones.
El Director Ejecutivo de ASIET, Pablo Bello, mencionó al respecto que “estos datos muestran la enorme relevancia económica del sector de las telecomunicaciones que, si bien es el más gravado (según el estudio, un 51% más que el promedio de todas las industrias), creó casi 600.000 empleos directos”. El estudio expone, además, que el valor agregado del sector es de US$ 68.468 millones -una cifra que supera el PBI anual de un país como Uruguay-. Un 43% de ese total es invertido en el mantenimiento de infraestructura existente y en el despliegue de nuevas redes, mientras que el 30% es transferido a las arcas públicas (impuesto a la renta, cargas sociales, contribuciones, impuestos y tasas especiales, pagos por espectro).
A esto hay que añadir, según explica el informe, que existen impuestos específicos para el sector (solamente replicados en el caso de combustibles). Dado que este tipo de tributos suele aplicarse a productos cuyo consumo se desea desincentivar (tabaco o alcohol), en el caso de las telecomunicaciones, “deberían aplicarse reducciones específicas para fomentar la adopción, penetración y uso” advirtió Pablo Bello.
Por su parte, Mauricio Agudelo, Especialista Senior de CAF, declaró que “el desarrollo de la industria de telecomunicaciones es crítico por cuanto su expansión contribuye al proceso de transformación productiva de la región y la universalización de los servicios digitales. El estudio estima la contribución histórica de la digitalización al PIB de América Latina entre el 2005 y el 2014 en US$ 208.700 millones. El informe observa que al incluir sectores vinculados con el de telecomunicaciones -como la radiodifusión y televisión, los servicios informáticos y la manufactura de equipamiento y dispositivos terminales- dentro del ecosistema digital, el mismo representa el 5.13% del Producto Bruto de Argentina, Brasil, Colombia, y México combinados. Esto es el doble del sector de extracción de petróleo crudo y gas, y más del doble que la distribución eléctrica.
Recomendaciones de políticas públicas
Finalmente, en base a las cifras y datos que derivaron del estudio, el profesor Katz realiza unas recomendaciones de políticas públicas para obtener mayores impactos de las telecomunicaciones en la región.
Las sugerencias se relacionan con la reducción de gravámenes impositivos y tasas especiales. Una reducción del 1% en el pago de impuestos por parte de los proveedores de servicios de telecomunicación genera un aumento de US$0,85 de la inversión per cápita.
Por otro lado, se propone también reducir los impuestos de telecomunicaciones a los consumidores. De acuerdo a la elasticidad de demanda, al reducir los costos al consumidor, aumenta la penetración de las telecomunicaciones, lo que, a su vez, se traduce en efectos económicos indirectos que generan mayor actividad económica. La tributación generada por esta mayor actividad económica generará un aumento en la recaudación tributaria como efecto de segundo orden.
También se propone reducir los montos de pagos por espectro y permisos de despliegue de redes y se propone orientar la asignación de licencias en base a métodos como los concursos de belleza. Se sugiere también simplificar los procedimientos y reducir costos y obstáculos para despliegues y nuevas obras civiles.